El Procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió este martes a los señalamientos hechos por el Contralor de la República, Gerardo Solís, con relación a los gastos de movilización de los alcaldes y representantes.
Según una nota divulgada por la Contraloría General el lunes, Solís indicó que “se ha podido determinar que durante el período del Procurador de la Administración Rigoberto González y del excontralor Federico Humbert se aumentaron de B/. 3,000 a B/. 5,000 mensual”, los gastos de movilización.
Frente a esto, el procurador González hace referencia a las funciones que debe desempeñar cada entidad y detalla varios pronunciamientos que ha tenido durante su gestión con respecto a los gastos de movilización, al tiempo que le hace un llamado al contralor a que cumpla sus funciones.
“Debo precisar que la función fiscalizadora, reguladora y el control de los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y según lo establecido en las normas jurídicas respectivas, es una función privativa de la Contraloría General de la República; en tanto que, corresponde a esta Procuraduría de la Administración entre otras, vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes”, enfatiza el procurador de la Administración.
Asimismo lo insta a que de considerar que se ha incurrido en presuntas irregularidades respecto al uso de los fondos públicos y aumento de dichos gastos, que proceda a interponer la respectiva denuncia ante la instancia competente, y evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempeño de su cargo.
Detalla que entre algunos de sus pronunciamientos al respecto, la emisión de la Vista No.178 de 16 de febrero de 2018 ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se solicita que se declare la nulidad parcial del Acuerdo Municipal 72 de 30 de diciembre de 2016, expedido por el Consejo Municipal del distrito de Arraiján, en lo concerniente al detalle presupuestario denominado “Gastos de Movilización, incorporados en el Artículo 11 del mismo, bajo Objeto de Gastos 151 (transporte de personas y bienes dentro del país), lo cual aconteció dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por Patricio Villareal, actuando en representación de Federico Humbert, en su condición de contralor.
Además absolvió una consulta de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en la cual se requirió la opinión jurídica de la Procuraduría de la Administración respecto al fundamento legal de los gastos fijos de movilización percibido por alcaldes y representantes, y la posibilidad jurídica de fija estos gastos teniendo derecho de representación, viáticos (transporte, alimentación, hospedaje y combustible) que perciben por ejercer sus funciones públicas.
“Esta Procuraduría bajo nuestra gestión ha mantenido una opinión coherente y constante, a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica; en razón de todo lo anterior y por respeto a su cargo y a la opinión pública ciudadana, se deja señalada nuestra posición en derecho, al analizar un tema de debate público por demás justificado, no sin antes dejar consignado que la función de este despacho es vigilar la conducta oficial de los servidores públicos entre los que se cuenta usted y la institución a su cargo, que justamente mantiene como facultad de ley privativa el control del gasto público, así como la debida fiscalización en la autorización de aumentos en la erogación de fondos estatales.
Finalmente señor contralor, cumpla usted con sus funciones que yo seguiré desempeñando las mías”, puntualiza el procurador de la Administración, Rigoberto González.
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